Source: AltaNet
Date: February 21 2008
Author: Steven Wishnia
Propuesta para un marco legal de cultivo y consumo de cannabis
por Martín Barriuso presidente de la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas) y de la asociacion de cultivadores PANNAGH.
El texto completo esta debajo del artículo.
¿Y mientras tanto, qué?
En los límites de la legalidad
Tras haber propuesto un modelo más o menos “ideal” para regular la
producción y el comercio del cannabis, llega el momento de volver a pisar
tierra. El escenario que acabo de plantear es muy bonito, sí, pero
también muy lejano, por mucho que hablemos de propuestas
perfectamente posibles y creo que razonables. Vivimos en un mundo
donde la prohibición de drogas campa a sus anchas y es poco probable
que a corto o medio plazo veamos los profundos cambios legales que
serían necesarios para que esa propuesta pueda llevarse a la práctica.
Así que parece obligado plantear alguna vía intermedia, una propuesta
de transición que nos permita avanzar un trecho sin necesidad de poner
patas arriba las convenciones de la ONU sobre drogas.

El estado español lleva 40 años de legislación prohibicionista,
concretamente desde la ratificación, el 3 de septiembre de 1966, de la
Convención Única de Estupefacientes de 1961 y la consecuente
aprobación de la Ley 17/1967 sobre Estupefacientes. A partir de
entonces, las cosas empezaron a ponerse difíciles por aquí, igual que en
el resto del mundo. Pero a diferencia de otros países, donde la mera
tenencia y consumo de cualquier sustancia ilícita se castiga con penas de
cárcel, el Tribunal Supremo español ya decidió, allá por 1974, que el
simple consumo y, por tanto, la tenencia destinada a dicho uso, no
debían castigarse por vía penal. Y a partir de ahí, las sucesivas
sentencias del Supremo en materia de drogas han venido ratificando
mayoritariamente aquel criterio inicial. En coherencia con aquella
despenalización inicial del consumo y de la tenencia no destinada al
tráfico, el Supremo ha decidido también que el llamado consumo
compartido o autoconsumo colectivo no es un delito y que tampoco lo es
el hecho de proporcionar una droga a alguien adicto a la misma si se
hace con fines compasivos, como el de aliviar su síndrome de
abstinencia.
Ahora bien, una cosa es consumir una sustancia y otra obtenerla. En el
caso de drogas como heroína o cocaína, que son a las que se refieren la
mayoría de sentencias del Supremo sobre consumo compartido o
donación altruista, lo normal es comprarlas en el mercado negro. En el
caso del cáñamo, como bien sabemos, tenemos también la opción de
cultivarla por nuestra cuenta y consumirla luego sin apenas manipulación.
Si sumamos el hecho de que, en el caso del cultivo en exterior, lo normal
es realizar una sola cosecha al año y, por tanto, es necesario hacer
acopio para doce meses, la jurisprudencia sobre otras sustancias resulta
poco adecuada para el cáñamo. Por ello, dado que hay pocas sentencias
de este tipo referidas al cannabis, en ocasiones se da una cierta
confusión acerca de las condiciones en las que el autocultivo y el
consumo compartido de la planta pueden caber dentro de la ley, con
sentencias a veces contradictorias o poco claras. Sin embargo, aunque el
cultivo de cannabis -igual que su distribución- está en principio prohibido,
en la actualidad los tribunales españoles muestran una tendencia casi
unánime a sobreseer o absolver en los casos de cultivo individual
(siempre que el número de plantas se mantenga dentro de los límites de
lo razonable), tendencia también muy mayoritaria en las más conflictivas
plantaciones colectivas.

A este respecto, hace ya varios años que Juan Muñoz y Susana Soto, a
petición del Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía,
elaboraron un informe en el que, tras analizar exhaustivamente la
jurisprudencia sobre el cannabis y otras sustancias ilícitas, establecían
una serie de criterios conforme a los cuales sería posible poner en
marcha establecimientos en los que se podría obtener cannabis con fines
tanto lúdicos como terapéuticos respetando el marco legal actual. La
principal conclusión a la que llegaban en su estudio (de hecho, la
tentativa más seria llevada a cabo hasta ahora para analizar el panorama
legal en esta cuestión) era la siguiente: “Esta iniciativa sólo tendría cabida
en nuestro ordenamiento jurídico si se configura como un proyecto
referido a la creación de centros no abiertos a un público indiscriminado,
sino de acceso restringido a fumadores de hachís o marijuana, en los
que se exigiría como medida de control del acceso el tener la condición
de consumidor habitual. Se trataría, por tanto, de lugares de consumo
privado entre consumidores habituales en los que se podría adquirir y
consumir cantidades que no sobrepasen el límite de un consumo normal.
No estaría permitido el tráfico de cannabis entre los consumidores y la
cantidad de cannabis adquirida debería ser consumida en el recinto”.


Los clubes de consumidores
El informe jurídico de Muñoz y Soto supuso un empujón para algunos
colectivos de usuarios/as de cannabis que buscaban la manera de
desarrollar sus actividades dentro del marco legal. Para cuando se dio a
conocer el informe -en 1999, aunque no se publicó hasta 2001- ya había
habido dos experiencias de cultivo colectivo de carácter asociativo, la
experiencia de ARSEC en 1994 y la de Kalamudia en 1997. Aunque la
segunda se recolectó sin problemas tras archivarse en firme las
diligencias previas abiertas por el juzgado de instrucción correspondiente,
el caso de ARSEC terminó en condena pocos meses después, merced a
la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1997.
La sentencia contra ARSEC provocó un parón en las experiencias de
cultivo colectivo, pero Kalamudia volvió a llevar a cabo otros dos cultivos –
con amplia publicidad en los medios de comunicación vascos- en 1999 y
2000, que ni siquiera provocaron apertura de diligencias previas por
parte de ningún juzgado. Fue entonces cuando tuvimos conocimiento del
informe de Muñoz y Soto y el mismo dio lugar a un nuevo salto
cualitativo: La creación de asociaciones de usuarios (hasta entonces casi
todas las asociaciones cannábicas se autodenominaban “de estudio del
cannabis”), más conocidas como clubes de consumidores. Dichas
asociaciones desarrollan sus actividades tomando como referencia el
informe de Muñoz y Soto y las experiencias previas sobre autocultivo
colectivo.
El primero en hacer su aparición fue el Club de Catadores de Cannabis
de Barcelona (CCCB), en 2001, si bien hasta el momento no ha llevado a
cabo, que sepamos, ninguna iniciativa de cultivo destinado a sus
socios/as. Una vez más, la puesta en práctica de la idea tendría lugar en
Euskadi, donde a partir de 2002 aparecieron varias asociaciones de las
mismas características, hasta un máximo de cinco: En Bizkaia, Bangh y
Pannagh; en Gipuzkoa, Ganjazz y Paotxa; y en Álava, Amalurra, disuelta
en 2005. Todas estas asociaciones han llevado o llevan a cabo cultivos
colectivos asociativos.

Como su nombre indica, las asociaciones de usuarios/as de cannabis
están formadas por personas que consumen cannabis. Este es un
requisito imprescindible para adquirir la condición de socio/a. En algunos
casos, como hacemos en Pannagh, también se admite a personas que
sufren enfermedades para las que el uso de cannabis está indicado, ya
que entendemos que, además de hallarse en lo que en derecho se llama
“estado de necesidad”, en este caso no hay riesgo para la salud pública,
más bien lo contrario ya que hablamos de un uso medicinal con sólido
fundamento científico, algo que también se refleja en el informe andaluz.
Para entrar a la asociación exigimos una declaración en la que se
reconoce la condición de persona usuaria, firmada por quien desea
acceder a la asociación y avalada por otra persona que ya tenga la
condición de miembro de la entidad. Todo ello a fin de evitar que la
asociación se abra indiscriminadamente al público en general y reducir el
riesgo de transmisión a terceras personas. Por supuesto, se exige la
mayoría de edad para poder acceder, a fin de evitar el riesgo de que
nuestra marihuana llegue a manos de menores.
En cuanto al funcionamiento de la actividad de cultivo asociativo, hemos
tenido en cuenta también nuestras experiencias previas, especialmente
la primera plantación de Kalamudia, en la que se consideró que no había
delito a pesar de no tratarse cantidades mínimas para el consumo
inmediato ni existir local cerrado para su consumo. Así que la asociación
arrienda un terreno a su nombre y allí cultiva para los socios y socias que
lo deseen, en función de sus respectivas previsiones de consumo, para
evitar que exista sobreproducción. Se suman los gastos generados por la
plantación (alquileres, semillas, abonos, tratamientos, equipos, viajes,
dietas, etc.) y se dividen por el total de la cosecha, de manera que la
cuota a pagar por cada participante (calculada en euros/gramo) cubra los
gastos de forma proporcional al consumo de cada cual.

A los usuarios
terapéuticos se les reduce la cuota en un 25%. Tanto los gastos como los
ingresos se efectúan a través de cuenta bancaria y tarjetas de crédito a
nombre de la asociación, a fin de facilitar la transparencia y la
fiscalización del gasto. Además, para evitar que alguien pueda destinar
una parte de su hierba a la venta, tenemos establecido un máximo anual
de 350 gr./persona, que solo se puede superar excepcionalmente, a
petición del interesado y explicando los motivos.
Otra cuestión importante –y aún por resolver- es la del transporte. En el
caso de asociaciones que llevan a cabo cultivos de interior con luz
artificial, resulta posible emplazar en un mismo local la zona de
producción y el área destinada al consumo. Sin embargo, este sistema
resulta caro y exige una gran cantidad de espacio y energía, por lo que, a
partir de un cierto número de socios/as, esta solución comienza a ser
menos viable. Lo razonable, desde un punto de vista económico y
ecológico, es cultivar en exterior. Pero este sistema implica trasladar
marihuana, a veces en cantidades importantes, desde un lugar a otro, lo
cual contraviene lo dispuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana. Aún
cuando el transporte se hiciera en cantidades poco importantes (por
debajo de los 625 gr. en los que actualmente comienza la “presunción de
transmisión a terceros” en el caso de la marihuana), de forma que
pudiera declararse como destinada al uso personal, en todo caso habría
riesgo de sanción y, sobre todo, de incautación. Por tanto, la reforma de
dicha Ley sería una de las condiciones necesarias para dar un mínimo de
seguridad a las actividades de cultivo colectivo. Es más, lo deseable sería
una regulación ad hoc que solventara expresamente los problemas del
transporte y el almacenamiento, que sería también ilícito conforme a la
Ley 17/1967. .

Un modelo con muchas ventajas
A nuestro parecer, este tipo de plantaciones colectivas asociativas encaja
perfectamente en la legalidad vigente, sin necesidad de reforma legal
alguna, ya que el autocultivo colectivo no solo está muy extendido, sino
que es generalmente impune. Además, permite que personas que, bien
sea por falta de medios o de tiempo o por problemas de salud, no
pueden cultivar por su cuenta deleguen en la asociación las tareas
agrícolas y puedan así evitar tener que recurrir al mercado negro. Si se
generalizara nuestro modelo, se reduciría sustancialmente la cantidad de
dinero que absorbe dicho mercado, disminuirían los recursos públicos
actualmente utilizados en tareas represivas y se incrementaría la
recaudación de impuestos por parte del estado, ya que la mayor parte
del dinero que el usuario gasta actualmente en comprar marihuana o
hachís en el mercado ilícito se derivaría a otros conceptos actualmente
gravados mediante IVA (material agrícola, peajes, arrendamientos,
electricidad) e incluso impuestos especiales (como la gasolina, cuando el
cultivo implica desplazamientos). Además de ello, las personas asociadas
se beneficiarían de una previsible reducción en el coste económico que
les supone el consumo.
Por otra parte, también se podría generar un buen número de puestos de
trabajo, ya que, si bien algunos cultivos pueden ser atendidos de forma
mancomunada entre los propios participantes, otros podrían ser
gestionados por personas contratadas por la asociación (jardineros,
vigilantes, administrativos, etc.), con la consiguiente recaudación de IRPF
y seguros sociales. En opinión de varios juristas a los que hemos
consultado, el hecho de que las asociaciones dispongan de empleados
encargados del cuidado y custodia del cultivo no contradice la naturaleza
no comercial y privada del mismo. En efecto, no existe venta porque el
empleado de la asociación no es propietario de las plantas sino que se
limita a cuidar una propiedad de los socios. Y tampoco hay lucro –es
decir, ganancia ilimitada-, sino prestación de servicios a cambio de la cual
se recibe una remuneración fija en función, no del volumen de la
cosecha, sino del trabajo que se realiza para el grupo.
Aunque, seguramente, la mayor ventaja de este sistema es su aportación
a la reducción de riesgos y daños asociados con el consumo. Se acabó la
incertidumbre acerca de la calidad y posible adulteración del producto
adquirido en el mercado negro. En un sistema de producción en circuito
cerrado, el socio o socia conoce la calidad de lo que consume, a qué
variedad pertenece, cómo ha sido cultivado, etc. Además, la asociación
puede servir como punto de asesoramiento e intercambio de información,
ayudando a generar una nueva cultura de uso, algo que, como ya hemos
comentado, resulta fundamental para una verdadera normalización.
¿Con o sin impuestos?
Jaime Prats, uno de los fundadores del CCCB, ya propuso hace algún
tiempo implantar el modelo de clubes de consumidores para normalizar
parcialmente el mercado, propuesta que Cáñamo ha retomado
recientemente. Aunque la propuesta está poco desarrollada, comparto
gran parte de lo que se plantea en ambos textos, si bien hay un par de
cuestiones en las que discrepo de ellos. Por un lado, en las cantidades
que se proponen como referencia. Establecer un consumo máximo anual
de 10-12 kg./persona me parece exagerado y puede abrir la puerta a
abusos y mercados paralelos.
Pero aún estoy menos de acuerdo en la cuestión de los impuestos.
Según el planteamiento de Prats, las plantaciones individuales estarían
exentas de impuestos, pero las colectivas pagarían un impuesto especial
en función de la producción, al que se sumaría, en el caso de los clubes,
un impuesto más por la venta al detalle. Aparte de la contradicción que
supone hablar de venta al detalle dentro de un modelo supuestamente
no comercial, pagar impuestos por una actividad privada y no lucrativa
supone un agravio comparativo. Si no hay venta y todo queda en casa,
¿porqué vamos a tener que tributar? ¿Acaso paga impuestos el que
produce vino para casa o destila aguardiente para regalar a los amigos?
Además, al no haber venta, no se recauda IVA y no hay que hacer
declaración de este impuesto, por lo que tampoco se recupera el IVA
pagado al comprar productos o servicios para la asociación, que de esta
forma se convierte en contribuyente neta. Así que no hay justificación
para sumar aún más impuestos. Mientras no se nos permita funcionar
con normalidad no hay razón para pagar impuestos normales.

El marco legal internacional
Tras la operación policial del pasado mes de octubre contra la plantación
colectiva de nuestra asociación, Pannagh, el eurodiputado italiano Giusto
Catania presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea acerca de
nuestra detención. En su pregunta, Catania pedía que se aclarara la
cuestión del autocultivo en el estado español. En resumen, lo que
planteaba el diputado era lo siguiente: Si la legislación española permite
que se legalice una asociación de personas usuarias de cannabis, y si
existe la posibilidad de cultivar dicha planta, siempre que se haga sin
fines comerciales, ¿porqué luego se interviene por vía penal contra una
asociación legalmente constituida que cultiva para su propio uso? ¿No es
una incoherencia que atenta contra el principio de seguridad jurídica y el
derecho de asociación?
La respuesta de la Comisión a Catania es muy clara: A la Unión Europea
no le corresponde la regulación de las conductas relacionadas con la
tenencia y el consumo. Para lo que tenga que ver con el tráfico ilícito, los
estados miembros, en tanto que firmantes de las convenciones de las
Naciones Unidas sobre drogas, deben remitirse a las mismas y perseguir
en su legislación lo que tenga que ver con la distribución comercial de
drogas ilícitas. En efecto, conforme a una Decisión Marco de la Unión
Europea, “los Estados miembros garantizarán que el cultivo de la planta
de cannabis, cuando se efectúe sin derecho, sea punible”. Pero esta
obligación desaparece en el caso del autocultivo, ya que, como dice
textualmente el comisario Frattini en nombre de la Comisión, “el artículo
2.2 excluye del alcance de la Decisión Marco del Consejo el cultivo de
cannabis para consumo personal, al estar definido por las leyes
nacionales”.

Una regulación propia es posible
La conclusión que podemos extraer de la respuesta de la Comisión
Europea a Catania es que tanto la legislación de la ONU como la de la
Unión Europea permiten que un estado tolere el cultivo de cannabis
cuando esté destinado al uso personal y no a su distribución con fines de
lucro. Por lo tanto, es perfectamente posible que el estado español
elabore una regulación administrativa propia en la que se establezcan las
condiciones en que se puede llevar a cabo la producción individual o
colectiva de cannabis, sin vulnerar con ello la legislación internacional.
Dicha regulación permitiría acabar con la actual inseguridad jurídica en
torno al autocultivo de cannabis.
En dicha regulación debería establecerse de una vez cuál es el número
máximo de plantas -o superficie equivalente, según sea cultivo interior o
exterior- que una persona puede cultivar para su propio consumo
individual. En cuanto a los cultivos colectivos, durante este período de
transición (ya que lo deseable sería llegar a una verdadera normalización
legal según un modelo similar al que expuse en el anterior número), el
modelo de referencia sería el de los clubes de consumidores, que tiene
varias ventajas frente a los coffee-shops holandeses. Por una parte,
porque lo único que permite es el cultivo (individual o colectivo) destinado
al propio uso, en el ámbito privado y sin fines comerciales, de manera
que la regulación se mantiene dentro de los límites de las competencias
reservadas a los estados, es decir, en el terreno del consumo personal,
sin colisionar con los tratados internacionales como sucede en el caso de
Holanda.

Además, al tratarse de entidades privadas y no haber venta
libre al público, se evita el llamado “turismo cannábico”, que provoca
auténticas peregrinaciones en masa a Ámsterdam y otras ciudades
holandesas y que tantos roces ha provocado entre el gobierno holandés
y los de los países vecinos. Por otra parte, los clubes ya tienen entidad
legal en España, existiendo asociaciones de este tipo inscritas en el
registro de asociaciones de varias comunidades autónomas, al menos en
un caso como consecuencia de una sentencia judicial que hizo posible su
inscripción. De este modo, se daría seguridad jurídica a entidades que se
esfuerzan por operar dentro de la legalidad, se ofrecería una alternativa
segura frente al mercado ilegal y se permitiría que muchas de ellas
crearan puestos de trabajo.
En definitiva, el modelo de clubes de consumidores/as permite, sin
necesidad de cambios legales, dar un paso importante hacia la
normalización, ayudando a poner en práctica el que en mi opinión
debería ser el fin último de las políticas sobre cannabis: Asegurar a las
personas que lo necesiten o deseen, el acceso a cannabis de calidad y a
la información necesaria para un uso razonablemente seguro, mediante
regulaciones e intervenciones dirigidas a maximizar los beneficios y
reducir al mínimo posible los riesgos y daños asociados con el uso de
dicha planta.
Proposition pour un cadre légal de production de cannabis de Martin Barriuso
président de la Fédération des Associations Cannabiques Espagnoles ainsi que
du Collectif de Culture “PANNAGH”
Ci-dessous il ne s’agit que de la troisième partie du développement de Martin.Le document intégral est associé en pièce jointe.
Et en attendant ,qu’est-ce qu’on fait ?
Dans les limites de la légalité :
Après avoir proposé un modèle plus ou moins “idéal” pour réglementer la
production et le commerce du cannabis, on doit aujourd’hui aller un peu plus loin. Le schéma que je viens de proposer est très tantant, oui, mais aussi
très lointain, mais nous parlons de propositions tout-à-fait possibles et
je crois raisonnables. Nous vivons dans un monde où l’interdiction des
drogues occupe tout le terrain et il est peu probable qu’à court ou moyen
terme nous voyions les changements légaux profonds qui seraient
nécessaires pour que cette proposition puisse être mise en pratique. Donc
on est obligé de proposer une solution intermédiaire, une proposition de
transition qui nous permette d’avancer un peu sans avoir besoin d’écarter les conventions sur les drogues de l’ONU.

L’état espagnol est régi par une législation prohibitionniste depuis 40 ans ,
concrètement depuis la ratification, le 3 septembre 1966, de la
Convention Unique des Stupéfiants de 1961 et de l’approbation par voie
de conséquence de la Loi 17/1967 sur les Stupéfiants. Depuis lors, les
difficultés ont commencé , tout comme dans le reste du monde. Mais
contrairement à d’autres pays, où la simple possession et la
consommation de toute substance illicite sont punies par des peines de
prison, la Cour Suprême espagnole avait déjà décidé , depuis 1974, que
la simple consommation et, par conséquent, la possession destinée à
cette utilisation, ne devait pas être punie par voie pénale. Et à partir de
là, les jugements successifs de la Cour Suprême en matière de drogues
ont ratifié majoritairement ce critère initial.
En cohérence avec cette
dépénalisation initiale de la consommation et de la la possession non
destinée au trafic, la Justice a aussi décidé que la consommation partagée
ou l’autoconsommation collective n’est pas une infraction de même que
ne l’est pas le fait de fournir une drogue à un toxicomane par
compassion, comme celui d’alléger son syndrome d’abstinence.
Or, une chose est de consommer une substance et une autre de l’obtenir.
Dans le cas de drogues comme l’héroïne ou la cocaïne, qui sont celles
auxquelles se réfèrent la majorité des jugements de la Cour Suprême sur
la consommation partagée ou la donation altruiste, car il est courant de
les acheter sur le marché noir.
Dans le cas du chanvre, comme nous le
savons bien, nous avons aussi la possibilité de le cultiver pour notre
compte et le consommer ensuite quasiment sans manipulation. Si nous
ajoutons le fait que, dans le cas de la culture en extérieur, le plus courant
est d’effectuer une seule récolte par an , par conséquent, il est donc
nécessaire de faire des provisions pour douze mois, la jurisprudence sur
d’autres substances s’avère peu adéquate pour le chanvre. Pour cette
raison, puisqu’il y a peu de jugements de ce type relatifs au cannabis, on
voit parfois une certaine confusion sur les conditions dans lesquelles
l’autoproduction et la consommation partagée de la plante peuvent entrer
dans la loi, avec des sentences parfois contradictoires ou peu claires.
Toutefois, bien que la culture de cannabis,tout comme sa distribution,
soit en principe interdite, actuellement les tribunaux espagnols montrent
une tendance presqu’unanime à classer l’affaire ou à absoudre dans les
cas de cultures individuelles (pourvu que le nombre de plantes se
maintienne dans les limites du raisonnable), tendance aussi très
majoritaire dans les plantations collectives les plus conflictuelles.

À ce sujet, il y a déjà plusieurs années que Juan Muñoz et Susana Soto,
à la demande du Commissaire pour la Drogue de l’Assemblée
d’Andalousie, ont élaboré un rapport dans lequel, après avoir
exhaustivement analysé la jurisprudence sur le cannabis et d’autres
substances illicites,qui établissait une série de critères selon lesquelles il
serait possible de mettre en place des établissements dans lesquels on
pourrait obtenir du cannabis a des fins autant ludiques que
thérapeutiques en respectant le cadre légal actuel. La principale
conclusion à laquelle ils arrivaient dans leur étude (de fait, la tentative la
plus sérieuse menée à bien jusqu’à présent pour analyser le panorama
légal de cette question) était la suivante : “Cette initiative prendrait place
dans notre cadre juridique seulement si elle se présente comme un projet
relatif à la création de centres non ouverts à un public quelconque, mais
d’accès restreint aux fumeurs de haschich ou de marijuana, dans lesquels
on exigerait comme mesure de contrôle de l’accès de présenter les
conditions de consommateur habituel. Il s’agirait, par conséquent, de
lieux de consommation privée entre des consommateurs habituels dans
lesquels il pourrait être acquis et consommer des quantités qui ne
dépassent pas la limite d’une consommation normale. Ne serait pas
permis le trafic de cannabis entre les consommateurs et la quantité de
cannabis acquise devra être consommée dans l’enceinte “.


-Les clubs de consommateurs:
Le rapport juridique Muñoz et Bosquet a poussé quelques groupes
d’utilisateurs de cannabis qui cherchaient la manière de développer leurs
activités dans le cadre légal. Quand on fît connaître le rapport – en 1999,
bien qu’il n’ait été publié qu’en 2001- il y avait déjà eu deux expériences
de culture collective à caractère associatif, l’expérience d’ARSEC en 1994
et celle de Kalamudia en 1997. Bien que la deuxième ait récupéré sans
problème après qu’ait été prononcé un non-lieu après les
poursuites ouvertes par la cour d’instruction correspondante, le cas
d’ARSEC s’est conclu par une condamnation quelques mois plus tard, du
Tribunal Suprême le 17 novembre 1997. La sentence contre ARSEC a
provoqué un arrêt brusque dans les expériences de culture collective,
mais Kalamudia a mené à bien à nouveau deux autres cultures – avec une
vaste publicité dans les medias du pays basque – en 1999 et 2000, ils
n’ont même pas provoqué l’ouverture de poursuites préalables par aucune
cour.
C’est alors que nous avons eu connaissance du rapport Muñoz et Bosquet
et ce dernier a donné lieu à un nouveau bond qualitatif : La création
d’associations d’utilisateurs (jusqu’alors presque toutes les associations
cannabiques se prétendaient “d’étude du cannabis”), plus connues sous le
nom de clubs de consommateurs. Ces associations développent leurs
activités en prenant comme référence le rapport Muñoz et Bosquet et les
expériences préalables des groupe d’autoproduction. Le premier à faire
son apparition a été le Club de Dégustateurs de Cannabis de Barcelone
(CCCB), en 2001, bien que jusqu’à présent il n’ait mené à bien,selon ce
que nous savons, aucune initiative de culture destinée à leurs membres.
Une fois de plus, la mise en pratique de l’idée eu lieu en Euskadi (Pays
Basque), où à partir de 2002 sont apparues plusieurs associations
présentant les mêmes caractéristiques, jusqu’à un maximum de cinq : En
Bizkaia, Bangh et Pannagh ; en Gipuzkoa, Ganjazz et Paotxa ; et en Alava,
Amalurra, dissoute en 2005. Toutes ces associations ont mené à bien des
cultures collectives associatives. Comme son nom l’indique, les
associations d’utilisateurs de cannabis sont faites par des personnes qui
consomment du cannabis.

C’est une condition indispensable pour acquérir
la condition de sociétaire. Dans quelques cas, comme nous le faisons à
Pannagh, on admet aussi à des personnes qui souffrent de maladies pour
lesquelles l’utilisation de cannabis est indiquée, puisque nous
comprenons que, en plus de nous trouver devant ce qu’en droit on appelle
“état de nécessité”, dans ce cas il n’y a pas risque pour la santé publique,
au contraire puisque nous parlons d’une utilisation médicinale avec un
solide fondement scientifique, quelque chose qui apparaît aussi dans le
rapport andalou. Pour entrer à l’association nous exigeons une déclaration
dans laquelle on reconnaît la condition de personne utilisatrice, signée
par la personne qui souhaite accéder à l’association et garantie par une
autre personne qui a déjà la condition de membre de l’organisme.
Tout cela afin d’éviter que l’association soit ouverte , sans discrimination,
au public en général et de réduire le risque de cession à des tierces
personnes.
Évidemment, on exige l’âge minimum de la majorité pour pouvoir adhérer,
afin d’éviter le risque que notre marijuana arrive aux mains de mineurs.
Quant au fonctionnement de l’activité de culture associative, nous avons
tenu compte aussi de nos expériences préalables, spécialement la
première plantation de Kalamudia, dans laquelle on a considéré qu’il n’y
avait pas infraction bien qu’il ne s’agissait pas de quantités minimales
pour la consommation immédiate et qu’il n’existait pas de local fermé
pour sa consommation. Donc l’association loue un terrain à son nom et là
il est cultivé pour les partenaires qui le souhaitent, en fonction de leurs
respectives prévisions de consommation, pour éviter qu’il existe une
surproduction. On additionne les frais de la plantation (loyers, semences,
engrais, traitements, équipements, voyages, etc..) et on les divise par le
total de la récolte, de sorte que la quote-part à payer par chaque
participant (calculée en EURO/gramme) couvre les frais de manière
proportionnelle à la consommation de chacun.

Les utilisateurs thérapeutiques ont leur quote-part réduite de 25%.
Autant les frais que les recettes sont effectués à travers d’un compte
bancaire et de cartes de crédit au nom de l’association, afin de garantir la
transparence et le contrôle des frais. En outre, pour éviter que quelqu’un
puisse destiner une partie de son herbe à la vente, nous avons établi un
maximum annuel de 350 gr/personne, maximum qui peut
exceptionnellement seulement être dépassé, à la demande de l’intéressé
en expliquant ses motifs. Une autre question importante ,qui reste à
résoudre , est celle du transport. Dans le cas d’associations qui mènent à
bien des cultures d’intérieur avec lumière artificielle, il s’avère possible de
placer dans un même local la zone de production et le secteur destiné à la
consommation. Toutefois, ce système s’avère cher et exige une grande
quantité d’espace et d’énergie, c’est pourquoi, à partir d’un certain
nombre de membres, cette solution commence à être moins viable. Ce qui
est raisonnable, d’un point de vue économique et écologique, est de
cultiver en extérieur. Mais ce système implique le transport de la
marijuana, parfois dans d’importantes quantités, depuis un lieu à un
autre, ce qui contrevient aux dispositions de la Loi de Sécurité des
Citoyens. Même si le transport était fait dans des quantités peu
importantes (au delà de 625 gr commence actuellement “la présomption
de cession à des tiers” dans le cas de la marijuana), de sorte qu’elle puisse
être déclarée comme destinée à l’utilisation personnelle, dans tous les cas
il y a risque de sanction et , surtout ,de saisie. Par conséquent, la réforme
de cette Loi serait une des conditions nécessaires pour donner un
minimum de sécurité aux activités de culture collective. De plus, ce qui
est souhaitable ce serait un règlement ad hoc qui résoudrait
expressément les problèmes du transport , et le stockage qui est aussi
illicite conformément à la Loi 17/1967…

-Un modèle qui présente beaucoup d’avantages:
A notre avis, ce type de plantations collectives associatives s’imbrique
parfaitement dans la légalité en vigueur, sans avoir besoin d’aucune
réforme légale, puisque l’autoproduction collective non seulement est
très répandue, mais est généralement impunie. En outre, elle permet à des
personnes qui, soit par manque de moyens ou de temps ,soit pour des
problèmes de santé, ne peuvent pas cultiver pour leur compte de déléguer
à l’association les tâches agricoles et qu’ils puissent ainsi éviter de devoir
recourir au marché noir. Si on généralisait notre modèle, on réduirait
considérablement la somme d’argent qu’absorbe ce marché, on
diminuerait les ressources publiques actuellement utilisées dans des
tâches répressives et on augmenterait la collecte d’impôts par l’état,
puisque la plus grande partie de l’argent que l’utilisateur dépense
actuellement pour acheter de la marijuana ou du haschich sur le marché
illicite dériverait vers d’autres concepts actuellement grevés par la TVA
(matériel agricole, péages, locations, électricité) et y compris des impôts
spéciaux (comme l’essence, quand la culture implique des déplacements).
Outre cela, les personnes associées profiteraient d’une réduction
prévisible dans le coût économique que suppose la consommation.
D’autre part, on pourrait aussi produire un bon nombre de postes de
travail, puisque, bien que quelques cultures puissent être gérées de
manière solidaire entre les participants eux-mêmes, d’autres pourraient
être gérées par des personnes engagées par l’association (jardiniers,
gardiens, employés de bureau, etc.), avec pour conséquence la collecte de
charges et assurances sociales. Selon plusieurs juristes que nous avons
consulté, le fait que les associations disposent d’employés chargés des
soins et de la garde de la culture il ne contredit pas la nature non
commerciale et privée de cette dernière. En effet, il n’existera pas de vente
parce que l’employé de l’association n’est pas propriétaire des plantes
mais il se limitera à surveiller une propriété de sociétaires. Et il n’y a pas
non plus profit , c’est-à-dire, profit illimité , mais prestation de services
en échange de laquelle on reçoit une rémunération fixe en fonction, non
du volume de la récolte, mais du travail qui est effectué pour le groupe.
Bien que, sûrement, le plus grand avantage de ce système soit sa
contribution à la réduction des risques et dommages associés à la
consommation. On a plus l’incertitude sur la qualité et le possible
frelatage du produit acquis sur le marché noir. Dans un système de
production en circuit fermé, le membre connaît la qualité de ce qu’il
consomme, de quelle variété il s’agit, comment il a été cultivé, etc.. En
outre, l’association peut servir de point de consultation et d’échange
d’information, en aidant à produire une nouvelle culture d’utilisation,
quelque chose qui, comme nous l’avons déjà commenté, s’avère
fondamental pour une véritable normalisation.
-Avec ou sans impôt ?
Jaime Prats, un des fondateurs du CCCB (Club de Consommateurs de
Barcelone), a déjà proposé il y a un certain temps d’implanter le modèle de
clubs de consommateurs pour régulariser partiellement le marché,
proposition que la revue Cáñamo a récemment repris. Bien que la
proposition soit peu développée, je partage une grande partie de ce qui
est proposé dans les deux textes, bien qu’il y ait un ou deux pour
lesquels j’ai des divergences . D’une part, dans les quantités qui sont
proposées comme référence. Établir une consommation maximale
annuelle de 10-12 kg/personne me paraît exagéré et peut ouvrir la porte
à des abus et à des marchés parallèles. Mais je suis encore moins
d’accord dans la question des impôts. Selon l’approche de Prats, les
plantations individuelles sont exemptes d’impôts, mais les plantations
collectives payeraient un impôt spécial en fonction de la production,
auquel on ajouterait, dans le cas des clubs, un impôt de plus pour la
vente au détail. Indépendamment de la contradiction que suppose de
parler de vente au détail dans un modèle hypothétiquement non
commercial, payer des impôts pour une activité privée et non lucrative
suppose une injustice. S’il n’y a-t-il pas vente et que tout reste à l’intérieur,
pourquoi allons-nous devoir payer ? Y a-t-il paiement d’impôts pour
celui qui produit du vin chez lui ou distille de l’ eau-de-vie pour faire
cadeau aux amis ? En outre, s’il n’y a pas vente, il n’y a pas TVA et on ne
peut pas faire une déclaration de cet impôt, ce pourquoi on ne récupère
pas non plus la TVA payée en achetant des produits ou des services pour
l’association,ainsi les impôts sont payés sous la forme indirecte. Donc il
n’y ait pas de justification pour ajouter encore plus d’impôts. Tant qu’on
ne nous permettra pas de fonctionner avec normalité il n’y a pas raison
pour payer des impôts normaux.

-Le cadre légal international :
Après l’opération policière de l’an passé contre la plantation collective de
notre association, Pannagh, l’eurodéputé italien Giusto Catania a présenté
une question écrite à la Commission Européenne sur notre arrestation.
Dans sa question, Catania demandait qu’on clarifie la question de
l’autoproduction dans l’état espagnol. En résumé, ce que posait le député
était ce qui suit : Si la législation espagnole permet qu’on légalise une
association de personnes utilisatrices de cannabis, et s’il existe la
possibilité de cultiver cette plante, pourvu que ce soit sans fin
commerciale, pourquoi y a-t-il eu intervention par l’intermédiaire de la
Justice contre une association légalement constituée qui cultive pour sa
propre utilisation ? N’est-ce pas une incohérence qui porte atteinte au
principe de sécurité juridique et au droit d’association ? La réponse de la
Commission à Catania est très claire : Il n’appartient pas à l’Union
Européenne de régler les conduites en rapport avec la possession et la
consommation. Pour tout ce qui concerne le trafic illicite, les états
membres, en tant que signataires des conventions des Nations Unies sur
les drogues, doivent s’en remettre à ces dernières et poursuivre la
législation qui concerne la distribution commerciale de drogues illicites.
En effet, conformément à une Décision Cadre de l’Union Européenne, “les
États membres garantiront que la culture de la plante de cannabis, quand
elle sera effectuée sans droit, est répréhensible”. Mais cette obligation
disparaît dans le cas de l’autoproduction, puisque, comme dit
textuellement le commissaire Frattini au nom de la Commission, “l’article
2.2 exclut de la Décision Cadre du Conseil la culture de cannabis pour
consommation personnelle,étant définie par les lois nationales”.

-Un règlement spécifique:
La conclusion que nous pouvons déduire de la réponse de la Commission
Européenne à Catania est qu’il est possible tant au niveau de la
législation de l’ONU que celle de l’Union Européenne, qu’un état tolère la
culture de cannabis quand il est destiné à l’utilisation personnelle et non
à des fins de profit. Par conséquent, il est parfaitement possible que l’état
espagnol élabore son propre règlement administratif dans lequel on
établit les conditions dans lesquelles on peut mener à bien la production
individuelle ou collective de cannabis, sans nuire de cette façon à la
législation internationale. Ce règlement permettrait de mettre un terme à
l’actuelle insécurité juridique concernant l’autoproduction de cannabis.
Dans ce règlement on devrait établir une fois pour toute quel est le
nombre maximal de plantes ,(ou surface équivalente, s’il s’agit de culture
intérieure ) qu’une personne peut cultiver pour sa consommation
personnelle. Quant aux cultures collectives, pendant cette période de
transition (puisque ce qui est souhaitable serait d’arriver à une véritable
normalisation légale selon un modèle semblable à celui qui est exposé
dans le chapitre précédent), le modèle de référence serait celui des clubs
de consommateurs, qui présente plusieurs avantages face aux coffee-shops
néerlandais. D’autre part, parce que la seule chose qu’il permette est
la culture (individuelle ou collective) destinée à l’utilisation personnelle,
dans le cadre privé et sans fin commerciale, de sorte que le règlement soit
maintenu dans les limites des compétences réservées aux états, c’est-àdire,
dans le terrain de la consommation personnelle, sans incompatibilité
avec les traités internationaux comme cela arrive dans le cas de la
Hollande.

En outre, s’agissant d’organismes privés il ne peut y avoir vente
libre au public, on n’évite ce que l’on appelle le “tourisme cannabique”,
qui provoque des pérégrinations authentiques en masse à Amsterdam et
dans d’autres villes néerlandaises et a provoqué tant de frictions entre le
gouvernement néerlandais et ceux des pays voisins. D’autre part, les
clubs ont déjà une entité légale en Espagne, des associations de ce type
sont inscrites dans le registre d’associations de plusieurs Communautés
autonomes, au moins dans un cas suite à une sentence judiciaire qui a
rendu possible son inscription. De cette manière, on apporterait la
sécurité juridique à des organismes qui s’efforcent d’opérer dans la
légalité, on offrirait une alternative sûre face au marché illégal et on
permettrait que beaucoup d’entre-elles créent des postes de travail. En
définitive, le modèle de clubs de consommateurs permet, sans avoir
besoin de changements légaux, de faire un pas important vers la
normalisation, en aidant à mettre en pratique ce qui a mon avis devrait
sonner la fin des politiques sur le cannabis : Assurer aux personnes qui
en ont besoin ou le souhaitent, l’accès à du cannabis de qualité et à
l’information nécessaire pour une utilisation raisonnablement sûre, au
moyen de règlements et d’interventions visant à maximiser les apports
bénéfiques et à réduire le plus possible les risques et les dommages
associés à l’utilisation de cette plante.
ACCIÓN URGENTE
OPERATIVOS MILITARES QUE SE DESARROLLAN EN EL CAÑON DE LAS HERMOSAS (MUNICIPIO DE CHAPARRAL-TOLIMA) VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.
Desde Suramérica, sur de Colombia, departamento del Tolima, municipio de Chaparral.
Bron: Het Volk, 19 februari 2008
Voor het eerst sinds het fenomeen in de VS opdook, heeft de overheid een rapport klaar over wurgspelletjes bij jongeren. In het ‘choking game’ knijpen kinderen en tieners zichzelf of elkaar de keel dicht, om dat ene moment van extase te beleven. Sinds 1995 lieten al 82 jongeren hun leven in het spel.
Svetový trh s ilegálnymi drogami zarobí 400- 500 miliard Eur rocne. Nezávisli experti hodnotia rocne výdavky drogovej prohibície/ Polícia a Justíciu nad 40 miliard Euro.
Nie sú žiadne dôkazy, že tieto výdavky majú meratelný efekt v drogovej kriminalite.
Popritom vláda nemá žiadnu kontrolu nad kriminalitou drog.
Iniciatíva Encod je cielená vojnu s drogami ukoncit, zarazit nové cesty drogovej politiky. Vädšina vlád sú nepripravené túto realitu zviditelnit. Encod je pripravený ochránit stratégiu ochrany zdravia konzumentov a vážit si základné obcianské práva.
V piatok 7.marca o 17: 00 Mierový drogový pochod od Prater ku Viedenskému národnému centrum. Potom clenovia predložia vyzvania velvyslancom USA , Cíny a Aufganistanu.
Rešpektovat splnenie požiadavky každému dospelému obcanovi na svete používat prírodné rastliny pre vlastnú potrebu. Legálne možnosti o kultiváciu a využití konope, maku a koka rastlín.
O 21: 00 v Aréne vystúpia viaceré medzinárodné kapely a DJs .
Sobotu a Nedelu v starom AKH ubehne konferencia ku témam s medzinárodnými expertmi. Drogová prohibícia ako politicky prostriedok pohodlne klame, efekty drog na ludský mozog, nový vývoj medicínskeho Cannabisu, o požití Ibogaine
Kontakt:
Joep Oomen
Telefon in Österreich: 0699 816 12676
Telefon in Belgien: +32 (0) 495 122 644
E-mail: info@encod.org
Otmar Pusch
Telefon in Österreich: 0681 1036 0480
E-mail: pusch.otmar@gmx.at
Andreas Holy
Telefon in Österreich:0699 1622 8661
E-mail: a.holy@found.at
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Press Release from The Legalise Cannabis Alliance:
February 13 2008